Resulta verdaderamente preocupante la ignorancia de algunos de los máximos responsables de nuestra Administración pública o lo mal asesorados que pueden llegar a estar. Esta afirmación viene a cuento de la manifestación realizada por la Ministra de Fomento ante los problemas habidos en las obras del AVE en Cataluña, por consecuencia de los cuales anunció la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria de las mismas. Además consideró a la empresa como responsable, junto con otras insinuaciones sobre conductas que llegarían a ser graves e, incluso, delictivas. Y la ignorancia nace de que la Ley de Contratos de las Administraciones públicas y su Reglamento no permiten una decisión como la anunciada por la Ministra sin seguir un procedimiento administrativo garantizador.
Este procedimiento es el marcado para la resolución de los contratos, posible en el caso de incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, tanto por parte del contratante como por parte del contratista. En todo caso, como es natural, los hechos correspondientes deben ser ciertos y comprobados y objeto de un acuerdo que exige, en el caso de propuesta de resolución de oficio por la Administración, de audiencia del contratista, informe del Servicio Jurídico y si aquél formula oposición a la propuesta de resolución, se precisa dictamen del Consejo de Estado.
Sorprendente, pues, que se anuncie una rescisión sin haber seguido estos pasos y más sorprendente aún que a los pocos días la cosa quede en agua de borrajas y se haga referencia, simplemente, a nuevas contrataciones para reforzar las obras y aumentar la seguridad.
Desde los medios de comunicación se reclamó que la empresa denunciara a la Administración ante los Tribunales de Justicia o que reaccionara públicamente ante las manifestaciones de la Ministra. Pero, además de que la empresa está sujeta al cumplimiento del proyecto, pliegos técnicos e instrucciones y dirección de la Administración, lo que puede suponer que ésta también tenga su responsabilidad, es normal que la empresa, que puede depender en buena parte de las obras públicas y de los contratos con las Administraciones públicas, siga un camino más seguro y discreto. Todo parece indicar que así ha sido y que el Gobierno ha quedado, en esta ocasión, y sin perjuicio de otros posibles acontecimientos, con el trasero al aire por la actuación de su Ministra.
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