Tres recientes artículos, en respectivos blogs, se han ocupado estos días de temas relacionados con los funcionarios públicos y las cuestiones que abordan son las tres de interés. La primera a destacar es la que plantea Emilio R en Mamá quiero ser funcionario que es un buen artículo en el que se refleja lo inadecuada que es la imagen que se ofrece de los funcionarios públicos en cuanto la figura comprende diversos tipos de personas y trabajos. Pero por mi parte creo que los funcionarios públicos no deben perder de vista esa imagen general que se tiene de ellos y analizarla. Lo digo, contando con que aún me siento funcionario público y por la experiencia que me ofrecen las actitudes funcionariales, sobre todo en las actuaciones jurídicas y de aplicación del procedimiento administrativo. Es decir, la imagen que se ofrece, principalmente por funcionarios de administración general que ignoran sistemáticamente principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico administrativo en perjuicio de los ciudadanos, y no sólo por ignorancia, sino también por mala fe o envidia de que otros obtengan situaciones que consideran subjetivamente inapropiadas o por obediencia o dependencia de la voluntad de los políticos. El trato de unos funcionarios respecto de otros, por ejemplo, también llega a ser vergonzoso en ocasiones, sobre todo cuando se trata de la aplicación de derechos o situaciones que tienen que ver con clasificación de puestos de trabajo y retribuciones, cuando no son los sindicatos los que causan los efectos perniciosos.
De otro lado, hay que salirse de la condición de funcionario y ponerse en la situación de ciudadano o administrado para apreciar adecuadamente el trato que le damos en muchas situaciones, no sólo por el funcionario de ventanilla maleducado o acomodado, sino por aquél que carece del menor sentido de la proporción y de la aplicación a la situación correspondiente de principios jurídicos básicos. Os deseo que no seáis victimas de un trato injusto o arbitrario respecto de vuestros derechos.
Otro artículo, anterior al ya comentado, expone en el Blog de Derecho Público de Sevach en Veinte temores fundados de los funcionarios ante la crisis económica nos evidencia, de modo muy realista y acertado, las posibles manifestaciones negativas que la crisis puede tener para los funcionarios. Vale la pena leerlas. Pero también en esta ocasión prima la visión funcionarial, de modo que hay que recordar que en época de crisis la función pública es un claro refugio y un empleo seguro, con lo que la demanda de empleo público crece y, también se manifiestan más las envidias que el artículo de Emilio R. nos apunta. En las ocasiones en que la sociedad sufre una crisis económica no nos podemos olvidar de que el funcionario público aparece frente a aquélla como un privilegiado. En esos momentos los funcionarios públicos han de consolarse pensando en la peor situación de otros. El problema mayor será si ante la dificultad de emplear sistemas de selección o ingreso se acude a los créditos para contrataciones y se contrata personal de modo encubierto.
El tercer artículo, de Iñaki se refiere a las entrevistas de selección de personal en la Administración pública que aun cuando principalmente se refiere a la selección, también tienen lugar en la provisión de puestos de trabajo; es decir, se dan tanto en las oposiciones para ingresar en la Administración pública como en los concursos de provisión de puestos de trabajo cuando ya estás dentro de ella. En este aspecto, ante todo he de manifestar que he sido artífice de la utilización del sistema en la Comunidad Valenciana que fue de las primeras en aplicarlo. Obedecía la idea de la aplicación de la entrevista al sistema de la oposición a la entonces vigente de evitar ejercicios meramente memorísticos y al tratar de descubrir en el entrevistado sus condiciones personales de inteligencia, capacidad y posibilidades, más que de conocimientos exactos y concretos. O sea un complemento del resto de pruebas. Pero el sistema quedaba, inicialmente, muy abierto, por lo que las academias de preparación de opositores se mostraron quejosas, todavía más cuando en los niveles superiores de la función pública no se mantenía un programa por temas o lecciones, sino por materias. El margen a la subjetividad se mostraba muy amplio, aunque particularmente siempre consideré que ello debía paliarse mediante una motivación clara por parte de cada miembro de la comisión selectiva y constancia de preguntas y contestaciones concretas. Mi propia medicina me fue aplicada en dos ocasiones y prefiero no exponer cada caso, pero en ambos y por razones distintas se me ofreció una imagen negativa de la entrevista.
De otro parte, la entrevista en la provisión de puestos de trabajo se apoyaba en la necesidad de averiguar la adecuación al puesto de trabajo de cada aspirante. Hay que tener en cuenta que ello sucedía en los principios de una nueva Administración y que mucho funcionario público proveniente de las organizaciones más distintas aspiraba a acceder a la Administración autonómica. Pero en una Administración consolidada la carrera de cada funcionario ha de ser conocida y el valor de cada funcionario ha de ser igualmente conocido y, ahora, su desempeño evaluado. En este orden, personalmente, entiendo obsoleto el sistema o prueba de la entrevista y de la presentación escrita o explicación oral de cómo el aspirante desarrollaría el puesto concreto, que sólo son útiles para confirmar nombramientos provisionales o comisiones de servicio.
En resumen, los tres artículos lo que nos permiten concluir es que lo que falta es dirección y organización en las Administraciones públicas. La realidad es que nadie se atreve a equilibrar la organización y distribuir el trabajo de modo proporcional para que nadie deje de estar trabajando y para que no se produzcan agravios comparativos, porque ello supone un problema y una intervención sindical que aún lo complica más. Una vez más la cuestión es compleja y tiene raíces en la ausencia del directivo público que personalmente conceptúo y defiendo, que es el que ha de tener y ofrecer una visión global y general de la Administración para su buena organización y funcionamiento. La organización nos muestra una dicotomía evidente entre la zona decisional y la operativa y es a la primera a la que corresponde ver el problema en sus líneas generales y ello requiere de políticos implicados y directivos públicos propiamente dichos.
Otro artículo, anterior al ya comentado, expone en el Blog de Derecho Público de Sevach en Veinte temores fundados de los funcionarios ante la crisis económica nos evidencia, de modo muy realista y acertado, las posibles manifestaciones negativas que la crisis puede tener para los funcionarios. Vale la pena leerlas. Pero también en esta ocasión prima la visión funcionarial, de modo que hay que recordar que en época de crisis la función pública es un claro refugio y un empleo seguro, con lo que la demanda de empleo público crece y, también se manifiestan más las envidias que el artículo de Emilio R. nos apunta. En las ocasiones en que la sociedad sufre una crisis económica no nos podemos olvidar de que el funcionario público aparece frente a aquélla como un privilegiado. En esos momentos los funcionarios públicos han de consolarse pensando en la peor situación de otros. El problema mayor será si ante la dificultad de emplear sistemas de selección o ingreso se acude a los créditos para contrataciones y se contrata personal de modo encubierto.
El tercer artículo, de Iñaki se refiere a las entrevistas de selección de personal en la Administración pública que aun cuando principalmente se refiere a la selección, también tienen lugar en la provisión de puestos de trabajo; es decir, se dan tanto en las oposiciones para ingresar en la Administración pública como en los concursos de provisión de puestos de trabajo cuando ya estás dentro de ella. En este aspecto, ante todo he de manifestar que he sido artífice de la utilización del sistema en la Comunidad Valenciana que fue de las primeras en aplicarlo. Obedecía la idea de la aplicación de la entrevista al sistema de la oposición a la entonces vigente de evitar ejercicios meramente memorísticos y al tratar de descubrir en el entrevistado sus condiciones personales de inteligencia, capacidad y posibilidades, más que de conocimientos exactos y concretos. O sea un complemento del resto de pruebas. Pero el sistema quedaba, inicialmente, muy abierto, por lo que las academias de preparación de opositores se mostraron quejosas, todavía más cuando en los niveles superiores de la función pública no se mantenía un programa por temas o lecciones, sino por materias. El margen a la subjetividad se mostraba muy amplio, aunque particularmente siempre consideré que ello debía paliarse mediante una motivación clara por parte de cada miembro de la comisión selectiva y constancia de preguntas y contestaciones concretas. Mi propia medicina me fue aplicada en dos ocasiones y prefiero no exponer cada caso, pero en ambos y por razones distintas se me ofreció una imagen negativa de la entrevista.
De otro parte, la entrevista en la provisión de puestos de trabajo se apoyaba en la necesidad de averiguar la adecuación al puesto de trabajo de cada aspirante. Hay que tener en cuenta que ello sucedía en los principios de una nueva Administración y que mucho funcionario público proveniente de las organizaciones más distintas aspiraba a acceder a la Administración autonómica. Pero en una Administración consolidada la carrera de cada funcionario ha de ser conocida y el valor de cada funcionario ha de ser igualmente conocido y, ahora, su desempeño evaluado. En este orden, personalmente, entiendo obsoleto el sistema o prueba de la entrevista y de la presentación escrita o explicación oral de cómo el aspirante desarrollaría el puesto concreto, que sólo son útiles para confirmar nombramientos provisionales o comisiones de servicio.
En resumen, los tres artículos lo que nos permiten concluir es que lo que falta es dirección y organización en las Administraciones públicas. La realidad es que nadie se atreve a equilibrar la organización y distribuir el trabajo de modo proporcional para que nadie deje de estar trabajando y para que no se produzcan agravios comparativos, porque ello supone un problema y una intervención sindical que aún lo complica más. Una vez más la cuestión es compleja y tiene raíces en la ausencia del directivo público que personalmente conceptúo y defiendo, que es el que ha de tener y ofrecer una visión global y general de la Administración para su buena organización y funcionamiento. La organización nos muestra una dicotomía evidente entre la zona decisional y la operativa y es a la primera a la que corresponde ver el problema en sus líneas generales y ello requiere de políticos implicados y directivos públicos propiamente dichos.
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