El predominio del estudio de la administración pública por el Derecho administrativo ha hecho que la faceta jurídica, apuntada en nuestro anterior referencia, haya predominado mucho tiempo respecto de las distintas facetas que representa dicha administración. Pero los primeros estudios o análisis de la Administración pública destacaban la unión entre Política y Administración y por mi parte se ha insistido suficientemente al respecto, citando al efecto a los clásicos. Pero no interesa ahora tanto el destacar esta unión y el hecho de que administrando se gobierna, sino el evidenciar la actuación administrativa que se dirige a contribuir en la acción política propiamente dicha y que podemos calificar como de carácter previo a la acción administrativa pura y simple.
Al efecto, en este blog, se han expuesto bastantes reflexiones e ideas, sobre todo en cuanto se haya hecho referencia a las políticas públicas y al concepto de directivo público o a las funciones administrativas en la concepción que nos ofrece Baena del Alcázar en su Curso de Ciencia de la Administración y, también, al tratar del modelo burocrático.
Interesa, pues destacar que, en la concepción piramidal y gráfica de la organización de las Administraciones públicas existen tres zonas que se corresponden normalmente con diferentes diseños de puestos de trabajo: los puramente políticos, los directivos o de altos funcionarios (sujetos a una mayor o menor profesionalización en cuanto se han configurado como una zona de confianza de los cargos políticos) y los puramente administrativos, distinguiendo en ellos los de carácter generalista y los de especialistas o profesionales tipificados. Importa, ahora, referirse a la zona de los altos funcionarios comentada, ya que ella se constituye en la zona bisagra o de conexión entre Política y Administración.
La visión desde la faceta política de la Administración pública nos la configura como un complejo institucional, del que interesa el conectado con el poder político que adopta las decisiones importantes y que, por ello, se convierte en un centro en el que se desarrolla una red de relaciones con el resto de elementos sociales y de intereses o sistemas y subsistemas existentes, que confluyen en él con motivo de la citada adopción de decisiones y al efecto de que sus intereses sean objeto de consideración y se hagan realidad. En esta red de relaciones juega un importante papel la Administración pública en cuanto es la organización en la que, en primera instancia, se producen dichas relaciones y porque éstas son de carácter permanente con aquellos grupos que ya han conseguido políticas, normas y actos administrativos en su favor y que son, por tanto, titulares de derechos y expectativas de derechos vinculados en su eficacia a la acción administrativa y que, por ello, están ya en contacto con los funcionarios públicos que ejecutan y mantienen dichas políticas públicas y acciones administrativas; los cuales a su vez obtienen información sobre las posturas de estos sujetos, grupos e intereses. Relaciones e información que se intensifican e incrementan en el momento en que desde el nivel político se decide promover un cambio o una nueva política.
Es en este último caso, en el que los altos funcionarios y algunos cargos políticos de carácter más técnico y reservados, al menos de hecho, a funcionarios públicos, contribuyen directamente con la zona política pura para estudiar la política pública propuesta, a efectos de evaluar su viabilidad y posible eficacia y contribuir a elaborar los borradores correspondientes destinados a formalizarse como decisión definitiva y, muy frecuentemente, como una norma jurídica o directiva. Esta actuación de apoyo a la decisión y evaluación de la viabilidad es una acción administrativa esencial para la eficacia de las políticas públicas y constituye, en consecuencia, un requisito imprescindible, sin el que dicha eficacia no se garantiza y sin el cual la acción política puede quedar en pura retórica, cuando no en un cinismo criticable. Es pues una función pública y requiere de un buen conocimiento de la zona inferior a la que nos ocupa, que es la de ejecución y mantenimiento de las políticas públicas ya aprobadas y de las acciones administrativas y servicios públicos derivados, en cuanto el estudio de la viabilidad tiene como base la obtención de dicha zona de la información existente y de la determinación de los recursos necesarios (factores administrativos) , o sea, su existencia o la necesidad de su obtención para realizar la política pública en estudio. Es decir, hay que realizar la previsión o, al menos, el cálculo, de la acción administrativa imprescindible para obtener los recursos necesarios para la eficacia de la política pública y para fijar el calendario o tiempo de la misma.
Toda esta acción, que de aprobarse la política pública, constituirá parte de la acción administrativa a desarrollar, forma la que hay que considerar como faceta política de la Administración pública y en la que el Derecho más que como límite se presenta como instrumento de formalización y en la que el alto funcionario actúa subordinado claramente a la acción política, salvo, como es natural, en cuanto está obligado a evidenciar la realidad existente para evaluar la viabilidad correspondiente.
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