La gestión pública, además de reflexionar sobre la vinculación entre Administración pública y el modo en que se ejerce el poder, requiere para cumplir una función socialmente aceptable ofrecer una serie de “parámetros científicos sobre una correcta administración”.
Si la decisión se ha convertido, acertadamente, en el núcleo sobre el que gira la concepción política de la Administración pública, la reflexión sobre los medios necesarios para llevarla a cabo es el núcleo sobre el que pivotan los estudios sobre gestión administrativa pública; son los medios los que hacen posible la existencia de verdaderas decisiones conformadoras o políticas públicas. La falta de reflexión sobre los medios administrativos dificulta, cuando no imposibilita, el conocimiento completo de los fenómenos administrativos. Esto lleva a la búsqueda de unos parámetros de correcta administración que no pueden ser los indicadores utilizados en el sector privado y que conecten con los fines sociales y políticos que debe seguir toda actuación administrativa
Sin una reflexión sobre los medios no es posible que una decisión sea auténticamente conformadora. Es decir, sin una participación activa, no abúlica, de la Administración pública y sus directivos en la fase de la decisión es muy probable que ésta no sea eficaz, si es que precisa de medios para llevarse a cabo, que es lo habitual.
La adecuada combinación de los tipos de actividad de la Administración o funciones y los factores o medios hace posible una transmisión con menos distorsiones de las decisiones políticas al nivel operativo de la Administración y, por tanto, permite una acción más efectiva. Se está afirmando que la pérdida de transmisión de información en el proceso descendente de la decisión es debida muchas veces a una inadecuada previsión de los medios y de los factores culturales de la organización administrativa.
Si nos atenemos al diseño orgánico, es necesario concebir teóricamente nuevas organizaciones que permitan cumplir con los principios de eficacia y eficiencia social. Se trata de repensar cuestiones como la participación ciudadana actual en la gestión pública –que se vincula actualmente a la eficacia de los sistemas democráticos-, la incorporación de intereses sociales y económicos o el diseño de organizaciones que respondan a la compleja gestión intergubernamental actual, especialmente en el caso español. Es necesario también programar el fenómeno de la dispersión del poder y la nueva misión del Estado como activante de los ciudadanos a que actúen en el ámbito público.
Los cambios experimentados en las Administraciones, entre los que hay que destacar los generalizados procesos de descentralización, obligan a repensar y a reorganizar las unidades centrales de las Administraciones públicas. Éstas ya no pueden concebirse aisladamente de las redes sociales y de los otros actores intergubernamentales. Con ellos hay que construir nuevos equilibrios que hagan posible la estabilidad del sistema político y administrativo y hagan viables los procesos de innovación y cambio.
Ya no es posible pensar en tener éxito en los procesos reformadores de una Administración concreta si no se abordan de manera estratégica y planificada los cambios en los otros niveles de gobierno. Para ello es imprescindible el concurso de los principales actores sociales implicados en la gestión pública y, especialmente, de los ciudadanos, de los que hay que conocer con exactitud sus referentes de actuación y necesidades.
Las corrientes eficientistas vinieron para quedarse, por lo que es preciso optimizar los recursos públicos con el fin de poder asignarlos de una manera no condicionada por unos resultados de gestión desconocidos y motivados por decisiones probablemente tomadas en el pasado. Es claro que la ineficiencia puede impedir que se incorporen nuevas prestaciones al elenco de la gestión pública, y que la falta de transparencia sobre cómo se están gestionando los servicios públicos puede encubrir incorrectas preferencias en la asignación de recursos públicos
Es necesario adaptar algunas de las técnicas propias del sector privado al sector público, muy especialmente en el nivel operativo o de prestación directa a los ciudadanos. Este planteamiento tiene que ver con la necesidad de medir la acción pública y de informar periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos, mediante, por ejemplo, la contrastación de servicios con los de otras organizaciones administrativas públicas. Se trata también de elaborar medidores propios, especialmente en aquellas operaciones en las que no sea fácil cuantificar la eficacia o eficiencia del resultado
La experiencia de estos años muestra que medir la gestión es probablemente una de las maneras más eficaces de introducir cambios profundos en nuestras Administraciones públicas. A la vez, es una medida que refuerza la transparencia. Esto conlleva diseñar indicadores y estándares que permitan establecer parámetros de buena gestión mediante la comparación entre los resultados de las diversas Administraciones públicas. Por tanto, medir las políticas públicas aparece como una nueva necesidad de la gestión pública y un campo poco desarrollado hasta ahora en nuestro país, aunque es ampliamente utilizado en los países de nuestro entorno. Para ello es preciso diseñar una metodología específica a partir de las existentes en el sector privado, aunque en muchas ocasiones será necesario establecer unos referentes de verificación específicos debido a la dificultad de medir algunos productos públicos tanto desde la perspectiva de los resultados o output como del impacto de los mismos o outcome.
El debate entre lo público y lo privado y la privatización de los servicios públicos ha arrojado varias enseñanzas. La principal es que la gestión efectiva para cumplir con las decisiones públicas no debe pertenecer necesariamente a la Administración pública. Es perfectamente deseable que se prefiera la utilización del mercado o de organizaciones sociales sin fines lucrativos. Sin embargo, no es propio de la gestión administrativa privada que pretenda conformar a la sociedad de una manera determinada. Hay que establecer nuevas relaciones entre lo público y lo privado en las que las organizaciones públicas lideren los procesos sociales independientemente de la naturaleza del órgano prestador del servicio o la actividad.
Muchas de las debilidades de articulación de la gestión pública proviene del debilitamiento de los órganos de planificación, seguimiento y de control de los cada vez numerosos organismos y entidades prestadores de los servicios públicos. Los estudios nos muestran la necesidad de simplificar el nivel de ejecución a la vez que es preciso mantener o impulsar una mayor capacidad de control central sobre los servicios públicos. Esta capacidad se puede articular de varias formas, dependiendo de la modalidad de gestión y el tipo de servicio público, pero, en cualquier caso, es necesario desarrollar modelos basados en un alto nivel de confianza mediante formas contractuales o similares entre los órganos centrales y los prestadores de los servicios.
El estudio del funcionamiento del mercado arroja una serie de parámetros que pueden engrosar los propios de una buena gestión pública en los procesos de modernización de la Administración pública. Estas enseñanzas son: se requiere una firme voluntad y liderazgo político para aplicar políticas basadas en la eficiencia; es necesario que la organización que adopta estas políticas perciba y obtenga ganancia en el cambio; es preciso introducir la competencia y sistemas de recompensa que premien el logro de la organización y de los individuos; hay que reforzar los aspectos culturales en la organización para adaptarse al cambio propuesto; y es necesario suministrar una información precisa y periódica al ciudadano sobre las ventajas que va a obtener con políticas basadas en el logro de la eficiencia, porque, a buen seguro, habrá una serie de intereses corporativos y clientelares que maximizarán sus efectos negativos.
Si la decisión se ha convertido, acertadamente, en el núcleo sobre el que gira la concepción política de la Administración pública, la reflexión sobre los medios necesarios para llevarla a cabo es el núcleo sobre el que pivotan los estudios sobre gestión administrativa pública; son los medios los que hacen posible la existencia de verdaderas decisiones conformadoras o políticas públicas. La falta de reflexión sobre los medios administrativos dificulta, cuando no imposibilita, el conocimiento completo de los fenómenos administrativos. Esto lleva a la búsqueda de unos parámetros de correcta administración que no pueden ser los indicadores utilizados en el sector privado y que conecten con los fines sociales y políticos que debe seguir toda actuación administrativa
Sin una reflexión sobre los medios no es posible que una decisión sea auténticamente conformadora. Es decir, sin una participación activa, no abúlica, de la Administración pública y sus directivos en la fase de la decisión es muy probable que ésta no sea eficaz, si es que precisa de medios para llevarse a cabo, que es lo habitual.
La adecuada combinación de los tipos de actividad de la Administración o funciones y los factores o medios hace posible una transmisión con menos distorsiones de las decisiones políticas al nivel operativo de la Administración y, por tanto, permite una acción más efectiva. Se está afirmando que la pérdida de transmisión de información en el proceso descendente de la decisión es debida muchas veces a una inadecuada previsión de los medios y de los factores culturales de la organización administrativa.
Si nos atenemos al diseño orgánico, es necesario concebir teóricamente nuevas organizaciones que permitan cumplir con los principios de eficacia y eficiencia social. Se trata de repensar cuestiones como la participación ciudadana actual en la gestión pública –que se vincula actualmente a la eficacia de los sistemas democráticos-, la incorporación de intereses sociales y económicos o el diseño de organizaciones que respondan a la compleja gestión intergubernamental actual, especialmente en el caso español. Es necesario también programar el fenómeno de la dispersión del poder y la nueva misión del Estado como activante de los ciudadanos a que actúen en el ámbito público.
Los cambios experimentados en las Administraciones, entre los que hay que destacar los generalizados procesos de descentralización, obligan a repensar y a reorganizar las unidades centrales de las Administraciones públicas. Éstas ya no pueden concebirse aisladamente de las redes sociales y de los otros actores intergubernamentales. Con ellos hay que construir nuevos equilibrios que hagan posible la estabilidad del sistema político y administrativo y hagan viables los procesos de innovación y cambio.
Ya no es posible pensar en tener éxito en los procesos reformadores de una Administración concreta si no se abordan de manera estratégica y planificada los cambios en los otros niveles de gobierno. Para ello es imprescindible el concurso de los principales actores sociales implicados en la gestión pública y, especialmente, de los ciudadanos, de los que hay que conocer con exactitud sus referentes de actuación y necesidades.
Las corrientes eficientistas vinieron para quedarse, por lo que es preciso optimizar los recursos públicos con el fin de poder asignarlos de una manera no condicionada por unos resultados de gestión desconocidos y motivados por decisiones probablemente tomadas en el pasado. Es claro que la ineficiencia puede impedir que se incorporen nuevas prestaciones al elenco de la gestión pública, y que la falta de transparencia sobre cómo se están gestionando los servicios públicos puede encubrir incorrectas preferencias en la asignación de recursos públicos
Es necesario adaptar algunas de las técnicas propias del sector privado al sector público, muy especialmente en el nivel operativo o de prestación directa a los ciudadanos. Este planteamiento tiene que ver con la necesidad de medir la acción pública y de informar periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos, mediante, por ejemplo, la contrastación de servicios con los de otras organizaciones administrativas públicas. Se trata también de elaborar medidores propios, especialmente en aquellas operaciones en las que no sea fácil cuantificar la eficacia o eficiencia del resultado
La experiencia de estos años muestra que medir la gestión es probablemente una de las maneras más eficaces de introducir cambios profundos en nuestras Administraciones públicas. A la vez, es una medida que refuerza la transparencia. Esto conlleva diseñar indicadores y estándares que permitan establecer parámetros de buena gestión mediante la comparación entre los resultados de las diversas Administraciones públicas. Por tanto, medir las políticas públicas aparece como una nueva necesidad de la gestión pública y un campo poco desarrollado hasta ahora en nuestro país, aunque es ampliamente utilizado en los países de nuestro entorno. Para ello es preciso diseñar una metodología específica a partir de las existentes en el sector privado, aunque en muchas ocasiones será necesario establecer unos referentes de verificación específicos debido a la dificultad de medir algunos productos públicos tanto desde la perspectiva de los resultados o output como del impacto de los mismos o outcome.
El debate entre lo público y lo privado y la privatización de los servicios públicos ha arrojado varias enseñanzas. La principal es que la gestión efectiva para cumplir con las decisiones públicas no debe pertenecer necesariamente a la Administración pública. Es perfectamente deseable que se prefiera la utilización del mercado o de organizaciones sociales sin fines lucrativos. Sin embargo, no es propio de la gestión administrativa privada que pretenda conformar a la sociedad de una manera determinada. Hay que establecer nuevas relaciones entre lo público y lo privado en las que las organizaciones públicas lideren los procesos sociales independientemente de la naturaleza del órgano prestador del servicio o la actividad.
Muchas de las debilidades de articulación de la gestión pública proviene del debilitamiento de los órganos de planificación, seguimiento y de control de los cada vez numerosos organismos y entidades prestadores de los servicios públicos. Los estudios nos muestran la necesidad de simplificar el nivel de ejecución a la vez que es preciso mantener o impulsar una mayor capacidad de control central sobre los servicios públicos. Esta capacidad se puede articular de varias formas, dependiendo de la modalidad de gestión y el tipo de servicio público, pero, en cualquier caso, es necesario desarrollar modelos basados en un alto nivel de confianza mediante formas contractuales o similares entre los órganos centrales y los prestadores de los servicios.
El estudio del funcionamiento del mercado arroja una serie de parámetros que pueden engrosar los propios de una buena gestión pública en los procesos de modernización de la Administración pública. Estas enseñanzas son: se requiere una firme voluntad y liderazgo político para aplicar políticas basadas en la eficiencia; es necesario que la organización que adopta estas políticas perciba y obtenga ganancia en el cambio; es preciso introducir la competencia y sistemas de recompensa que premien el logro de la organización y de los individuos; hay que reforzar los aspectos culturales en la organización para adaptarse al cambio propuesto; y es necesario suministrar una información precisa y periódica al ciudadano sobre las ventajas que va a obtener con políticas basadas en el logro de la eficiencia, porque, a buen seguro, habrá una serie de intereses corporativos y clientelares que maximizarán sus efectos negativos.
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