CRISIS POLÍTICA

La partitocracia, la corrupción y el clientelismo, acompañadas de una importante crisis económica han desembocado en una gran crisis política que arrastra a las instituciones públicas españolas. No es cosa de un gobierno sino de muchos y del olvido de la historia española que nos antecede que llevó a un guerra civil y a una dictadura y que se trató de superar mediante la Constitución de 1978 y el modelo autonómico, éste también en crisis y con dos soluciones: la carrera hacia delante del federalismo, que no satisfará los deseos independentistas de algunos, o el regreso a un Estado más centralizado y controlador. Sea como sea una gran crisis en la que se ha perdido el sentido del gobierno y de la administración pública y en la que la situación económica ha llevado a unas políticas básicamente recaudadoras que han ahondado en una mayor penuria de los ciudadanos, mientras, esta vez sí que hay que utilizar la palabra, la casta política ha seguido percibiendo sus sueldos e, incluso, los ha incrementado.

La partitocracia ha llevado a una dimensión exagerada de la organización política, en todos los ámbitos, pero por lo que afecta a las instituciones públicas, sobre todo en el legislativo y en el ejecutivo. Cuando se habla tanto de funcionar como una empresa, de la eficacia y de la eficiencia, resulta que ni los partidos políticos se aplican el cuento que predican en cambio a cada momento respecto de la Administración, de la que, por otra parte, son los máximos dirigentes. Particularmente, pienso que el poder legislativo se ha convertido en el primer elemento de empleo para los políticos y digo empleo porque dudo muy seriamente que lo sea de ejercicio de una verdadera función legislativa democrática, ya que los diputados son meros peones de cada partido político al que le deben todo. Siendo así y con la sujeción del voto a la voluntad de la oligocracia del partido, ¿se puede decir que hay democracia y que hay verdaderos representantes de los ciudadanos? La realidad de los parlamentos es que son una prolongación de los partidos políticos y un escaparate para llenar la prensa y las noticias de propaganda  y de descalificación del contrario, pero no un lugar de encuentro en el que se discuta y colabore para adoptar las mejores políticas públicas para el interés general. Lo principal es obtener la más mínima información que permita discutir y oponerse a la política que presenta el gobierno de turno y no por razones ideológicas o de inutilidad, sino para el simple desgaste del "enemigo".

La Administración no es la fuente de información general de lo que es mejor según sus datos, conocimiento y antecedentes, es meramente un aparato al servicio del partido que gobierna, puesto que como he dicho repetidamente su ápice es bien de nombramiento político o bien politizado por la libre designación y libre cese, mientras que el nivel intermedio y el bajo viven en el mayor de los desánimos, esperando el cese de los que les dirigen y la venida de otros iguales o parecidos, pero con un posible beneficio individual o personal en su caso. Todo ese aparato político necesita justificar su existencia y las políticas públicas se han ido adoptando en el tiempo sin cesar, tejiendo y destejiendo, pero sin seguir las pautas racionales y científicas que corresponden, sin someterse a que las funciones administrativas evaluaran su procedencia y viabilidad en orden a la existencia de recursos para que fueran eficaces y sin considerar si la política anterior era adecuada y necesitaba de su cumplimiento. Creo que muchas políticas han creado organización y estructura, política y administrativa, pero sin una verdadera acción en su cumplimiento. Es posible, pues, que en lugar de ir desarrollando la estructura a medida que la actividad lo requiera, se haya creado con anterioridad y sin actividad real. Todo es posible para mí, porque como ya he dicho repetidamente no hay verdadera administración pública y la politización general ha acabado con la división de poderes.

Tantos años actuado así, han conducido a que muchas de las políticas adoptadas no se puedan mantener, incluidas las fundamentales, clásicas e imprescindibles, porque políticas vergonzantes han sido realizadas a efectos de subvenciones espurias y nada acordes con los intereses generales y llegado el momento de la penuria económica, la vuelta atrás lleva bien al desempleo de más gente,  bien al desencanto de aquellos que esperaban de ellas un beneficio lícito, ya que aunque fueran irracionales, atendiendo  a su mantenimiento y al gasto público, eran útiles y buenas para aquellos a los que se dirigían, si bien nacieron por la necesidad de captar votos y de mantener el poder. Ningún político iba a criticar dichas políticas por sus efectos sociales, pero una administración y una política de verdad hubiera debido conducir a decir que no teníamos capacidad económica para realizar las políticas que se aprobaban y para mantenerlas en el tiempo o que exigían de unos medios de los que no podíamos disponer permanentemente. Por eso, los órganos de las haciendas públicas debieron ser el freno más importante de lo que ha acabado siendo un despilfarro y una carga excesiva para la ciudadanía y los economistas públicos debieron ser también los primeros en informar del peligro. El culmen de todo, además, es que nadie responde de sus actos, mientras que el erario público y los ciudadanos han sido verdaderamente esquilmados.

De otro lado, una Administración pública que no es poder, que no está abierta al público, sujeta y dependiente, desprofesionalizada, desconectada del interés público y de los ciudadanos, no permite un gobierno para todos y no constituye una institución al servicio de todos. Y ahora en esta crisis política en la que los principales partidos españoles se ven afectados y en la que cabe que los de segunda fila incrementen su poder o incluso que lleguen al poder, éstos se pueden encontrar con que no les sirve y, además, no cuenten con cuadros propios a los que acudir, sin posibilidad de una información correcta para poder decidir adecuadamente. Hay que comprender el papel neutral y profesional de la Administración y lo que le han afectado estos años de falsa democracia. Es necesaria su regeneración. Mucha ley y muchas leyes ineficaces. Mala situación, muy mala.